UPA-UCE pide controles por los precios de la aceituna de mesa

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado a la Junta de Extremadura que actúe "de manera inmediata y contundente" ante el inicio de la campaña de aceituna de mesa y ponga en marcha inspecciones de oficio en industrias y puestos compradores para evitar posibles prácticas abusivas que, según denuncia, puedan obligar a los agricultores a vender por debajo de sus costes de producción.

La campaña de recolección de la variedad manzanilla cacereña ya ha comenzado en las comarcas del norte de Cáceres y en los próximos días arrancará a pleno rendimiento en Tierra de Barros. Extremadura prevé recolectar más de 60.000 toneladas de aceituna de mesa en una campaña marcada por la sequía y las altas temperaturas.

Estas condiciones han adelantado la recolección y han provocado, según UPA-UCE, pérdidas de producción y de calibre en numerosas explotaciones.

La organización agraria sostiene que, pese a la menor disponibilidad de producto y a la ausencia de excedentes significativos, los agricultores se están encontrando con precios de arranque que, a su juicio, no reflejan los costes de producción.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA CADENA

Según la organización, durante esta campaña se han incrementado de forma importante los costes asociados a la producción debido al precio del gasóleo agrícola, fertilizantes, productos fitosanitarios, energía y mano de obra.

En este último caso, UPA-UCE destaca además las dificultades para encontrar trabajadores durante la recolección, especialmente en las zonas donde la recogida continúa realizándose manualmente. La organización estima que la recolección representa alrededor del 25% del precio final.

"Los costes de producción se han incrementado de forma muy importante y no entendemos que, en una campaña y aunque en algunas industrias existen algunos excedentes y donde la oferta está condicionada por la sequía y las altas temperaturas, se planteen precios que no garantizan la cobertura de esos costes", ha señalado Fernando Miranda, secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura.

Miranda considera que, si se confirma esta situación, podría existir "un claro incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria".

UPA-UCE pone el foco especialmente en los productores de manzanilla cacereña del norte de Cáceres. Según explica, al tratarse de una variedad destinada principalmente a aceituna de mesa, los agricultores disponen de pocas alternativas comerciales.

Esta circunstancia hace que tengan que recolectar y entregar la producción en un periodo corto, lo que, según la organización, puede situarles en una posición de mayor vulnerabilidad frente a compradores e industrias.

En Tierra de Barros, por el contrario, los productores cuentan con la posibilidad de destinar parte de la cosecha al molino si las condiciones de compra para aceituna de mesa no les resultan aceptables. Una alternativa que, según UPA-UCE, no existe para muchas de las explotaciones de manzanilla cacereña.

La organización agraria ha remitido un escrito a la Junta de Extremadura en el que solicita actuaciones inmediatas y controles específicos desde el comienzo de la campaña.

UPA-UCE considera que la Administración debe utilizar sus competencias para realizar controles de oficio y prevenir posibles incumplimientos, en lugar de esperar a que se produzcan denuncias individuales.

"No vamos a permitir que una vez más sean los agricultores quienes asuman todas las pérdidas mientras otros eslabones de la cadena mantienen sus márgenes", ha afirmado Miranda, quien ha advertido de que "quien compre por debajo de costes debe enfrentarse a las consecuencias que establece la normativa".

Además, UPA-UCE anuncia que realizará un seguimiento permanente de las operaciones comerciales durante toda la campaña y que presentará denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) cuando detecte indicios de destrucción de valor o posibles incumplimientos de la legislación.

La organización reclama así a la Junta que ejerza sus competencias de control e inspección para proteger a los productores extremeños y evitar, según advierte, que las explotaciones familiares sean las que asuman el impacto de una eventual venta por debajo de costes.